Año 5 / Edición XII / Caleta Olivia / 07-05-2020 / ISSN 2422-7226
En la Semana del Gobierno Abierto, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) evaluó cómo comunican los datos sobre la pandemia del COVID-19 el Estado Nacional y las provincias.
Son numerosas las cuestiones que se volvieron más notorias y urgentes con la llegada del COVID-19 a la Argentina. En particular, las dificultades y desafíos que enfrenta la gestión pública se volvieron más visibles. La baja institucionalización de los sistemas de planificación, monitoreo y evaluación de la Administración Pública explica en alguna medida el modo en que el Estado provee información a la ciudadanía en esta coyuntura crítica: los reportes diarios del Ministerio de Salud sobre los infectados y decesos producidos por el coronavirus en Argentina ofrece información importante y de forma regular, pero la producción de datos abiertos y accesibles sigue siendo un desafío.
A nivel nacional, los datos sobre la pandemia están disponibles en la página web del Ministerio de Salud abocada a este fin. Todos los días se producen dos reportes, uno matutino y otro vespertino que contienen datos desagregados como nuevos casos, cantidad total de infectados, cuantos, y en qué proporción son importados, de contacto estrecho o de circulación comunitaria. También se informa sexo de los infectados, la cantidad de pruebas realizadas, la cantidad de descartados, edad promedio de los contagiados y la distribución de los casos por provincia. Por otro lado, no se reporta información sobre internados en terapia intensiva, camas ocupadas o días promedio de internación por el COVID-19 que serviría para conocer el grado de saturación del sistema de salud. Esta información se publica en formato PDF, lo que dificulta la sistematización de la información. Por ello, sería recomendable sumar al reporte una matriz de datos en formato abierto que facilite la investigación y la colaboración entre sociedad civil y gobierno.
En el caso de las provincias, la accesibilidad a los datos referidos a los efectos de la pandemia es menor que en el nivel nacional. Sólo 16 provincias publican datos desde la página web de sus ministerios o áreas de salud, mientras que el resto lo hace en las secciones de noticias de los portales de las distintas gobernaciones, con la salvedad de La Rioja que comunica el avance de la pandemia a través de la página de Facebook de la gobernación. Cabe resaltar que Catamarca, a pesar de tener 0 casos positivos, desarrolló una página web para comunicar información sobre COVID-19 y Dengue, en esta última enfermedad, los casos positivos se encuentran georreferenciados.
Al igual que en el caso de los informes del Ministerio de Salud de la Nación, la posibilidad de reutilizar los datos es baja. Casi todos los gobiernos subnacionales reportan los datos en formatos no reutilizables (PDF), excepto San Luis y La Rioja que lo hacen a través de videos. La información que se reporta en los informes es muy disímil entre las provincias: todas reportan la cantidad de casos confirmados, descartados, recuperados y fallecidos, pero algunas provincias también desagregan territorialmente, por edad, sexo o tipo de contagio. Esta variedad en la forma y contenido de los informes hace que sea muy complejo conocer la evolución territorial de la pandemia.
En términos generales, la actualización de la información es alta ya que en la mayoría de las provincias se brindan informes diarios sobre la evolución de la pandemia. Entre las excepciones se observa que la provincia de Buenos Aires publica informes semanales, Tucumán presenta informes de sala de situación aproximadamente cada 8 días y la provincia de Chaco presentó informes diarios hasta el 22 de abril.
En el contexto de la emergencia es recomendable que la información respecto del avance de la pandemia y de las intervenciones públicas contemple los estándares de transparencia activa definidos la Ley N°27.275 (art. 32). Allí se establece que la información debe ser publicada en la página web oficial “de una manera clara, estructurada y entendible” y procurando que sea reutilizable. Por otro lado, la visualización gráfica de los datos y la publicación en formatos abiertos permitirá cumplir con los criterios de claridad, estructura y reutilización.
Otros países de la región desarrollaron estrategias de apertura de datos y visualización que cumplen con estos estándares de transparencia activa. Colombia reporta el estado de avance de la pandemia a través de la página web del Instituto Nacional de Salud. Allí la información sobre el avance de la pandemia se visualiza en diferentes pestañas que contienen gráficos para el total nacional, muestras (zonas) y departamentos. Es interesante que la información puede desagregarse geográficamente, por edad y por género. Además, la base de datos es de acceso público.
México publica información en un sitio web dedicado exclusivamente al COVID-19. Allí reporta datos desagregados por tipo de caso, edad, sexo, territorio y permite visualizar la serie temporal de la evolución de la pandemia. Además, la matriz de datos que alimenta los distintos gráficos y mapas puede descargarse en formato abierto (CSV). La página mexicana posee también una sección de información accesible para personas con discapacidad que ofrece la posibilidad de reproducir la lectura del contenido de la página y utilizar colores, contrastes o escalas de grises para personas con problemas de visión, videoconferencias en lenguaje de señas y la combinación de una redacción clara con pictogramas que hacen más comprensible el contenido de la página web.
La Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Innovación Pública, puede avanzar en el diseño de una estrategia federal de sistematización y visualización de datos que unifique la información que cada gobierno provincial publica y equilibre las capacidades en materia de uso de datos y gobierno abierto. En particular, el Consejo Federal de Modernización puede ser la plataforma para llevar adelante dicha estrategia que estaría alineada con los principios de gobierno abierto y daría cumplimiento a la Ley N°27.275.
Fuente: CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
