Roberto Borselli siempre fue promotor de una política de Estado de largo plazo y en base a la concertación de actores. Estas ideas siguen estando presentes hoy en día en los discursos públicos del actual presidente del CPE. Pero, ¿Las acciones realizadas desde su asunción en diciembre de 2015, van en esa dirección?, ¿Cómo es la realidad educativa en nuestra provincia en términos de articulación y coherencia a nivel sistema?; ¿Qué obstáculo representa el problema de paritarias para lograr los cimientos de una política educativa con calidad y participación multisectorial en este nuevo gobierno?
(Año 2 / Edición Nro. 80 / 10 de Marzo de 2016 /Provincia de Santa Cruz)
De dónde venimos y ¿hacia dónde vamos?
La política educativa en Santa Cruz se enmarca en un momento histórico general donde uno de los fenómenos que lo caracteriza es la fragmentación entre las grandes instituciones que construyen subjetividad y determinan las prácticas sociales. La pluralidad de significados sumada a la pluralidad de instituciones (medios de comunicación, Iglesia, oferta de bienes culturales, escuela, sector productivo), convierte más azarosa la formación de las nuevas generaciones, ya que no existe un currículum social (Tenti Fanfani, 2011).
En nuestra provincia, el pasado reciente de las políticas educativas pareciera haberse caracterizado tanto por marcadas contradicciones cronológicas entre ellas[1], como así también por reestructuraciones sin procesos de participación efectiva ante la presión sobre los “tiempos de implementación” (Por ejemplo, el proceso de re-definición de las orientaciones del nivel secundario en el 2013/2014), a partir de lo cual el sentido de la política parecía impregnarse de un saber instrumental, por sobre un saber práctico regido por una ética pública asociada con el bien común[2]. De allí que la nueva gestión del CPE tiene como mandato objetivo contribuir a superar la fragmentación intra e inter-sistémica entre las acciones y los actores que influyen directa e indirectamente en el sistema educativo de Santa Cruz.
Un rastreo por las acciones llevadas a cabo en estos casi tres meses de la nueva gestión del CPE, nos arroja casos en que esta pretensión de diálogo y articulación ha comenzado a dar sus primeros pasos, principalmente aquellos intentos de realizar trabajos en conjunto con entes al interior del mismo Estado y el sector productivo[3].
Sin embargo, estas tibias acciones no se comparan con la “prueba de fuego” que representaba, ya a fines del 2015, el potencial escenario de conflictividad docente ante la situación de crisis económica y social: El progresivo incremento de los índices de inflación y los números en rojo en la economía que se vienen arrastrando de las gestiones de años anteriores, tanto a nivel provincial y nacional, hacían vislumbrar a fines del año pasado un escenario de alta conflictividad social para este 2016. En este sentido, cabe recordar que en aquel encuentro del 2014 que Observador Central tuvo con Roberto Borselli[4], éste nos decía que, reconociendo la función social y política de las entidades gremiales de defender los derechos laborales de los docentes, era necesario “(…) avanzar en un Pacto Educativo para construir un consenso sobre el cumplimiento de las metas en educación, atendiendo a los problemas de la agenda educativa y en la necesidad de una nueva regulación de las condiciones laborales que preserven los derechos, pero que acompañen los desafíos de este siglo XXI.
Crónicas de un conflicto anunciado
¿Qué distancia existe entre este “deber ser” y lo que “es” respecto de las relaciones, vínculos y/o articulaciones con el sector de los gremios docentes?, ¿De qué manera se han construido los canales y espacios de diálogo entre ambos actores para establecer ese Pacto Educativo?
En nuestra provincia, el ya histórico “No inicio de clases” era una posibilidad que los gremios docentes y gobierno, visualizaban desde diciembre del año pasado. A mediados de febrero de este año, ADOSAC (Asociación de Docentes de Santa Cruz) hizo público un comunicado donde se le reclamó al CPE el llamado a paritarias, y donde se mencionó que esta ya había sido solicitada a las autoridades provinciales por medios formales. El 18 de febrero, el CPE convocó a paritarias a los gremios docentes de Santa Cruz para el miércoles 24 de ese mismo mes. Sin embargo, un día antes de la fecha establecida, el CPE le comunicó formalmente a los entes gremiales la suspensión de la paritaria.
Borselli esgrimió públicamente dos razones por las cuales se tomó esta decisión: En primer lugar, porque no habían cerrado aún las paritarias nacionales como estaba previsto (éstas cerraron el 25 de Febrero); y en segundo lugar, porque ADOSAC había decidido sumarse al paro activo nacional de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) programado para esa misma fecha, y había anunciado ya el 20 de Febrero que no iban a iniciar el ciclo lectivo.
Por su parte, ADOSAC también realizó un descargo público en función de esto y lanzó un comunicado donde manifestaba que históricamente las paritarias provinciales han sido autónomas de las paritarias nacionales. Asimismo, se mencionaba que el punto de discusión no sólo es el salario, sino que hay otros puntos transcendentales para tratar (infraestructura de establecimientos, ofrecimiento de cargos, caja curricular, entre otros). También, se remarcaba que ese mismo día se estaban llevando a cabo las paritarias nacionales, con lo cual quedaba desacreditado el argumento de no poder negociar en una jornada de lucha. Y por último, se cuestionaba la contradicción entre sostener un discurso de diálogo y trabajo en conjunto por parte del CPE, y las decisiones tomadas unilateralmente por este organismo gubernamental.
El malestar generalizado se hizo sentir en la considerable movilización de distintos gremios de trabajadores, partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales en la realización del acto de inicio formal del periodo legislativo 2016, que tuvo a la gobernadora Alicia Kirchner dando su discurso de apertura. Allí, la mandataria provincial reconoció el estado crítico del sistema educativo de la provincia: “En materia educativa, nos encontramos con un sistema en el que muchos jóvenes abandonan el secundario. No se sienten motivados. Esta escuela, triste es decirlo, no convoca, no funciona y tiene un Estado ausente.” Y remarcó, en la misma línea que Borselli, que la calidad educativa depende de un trabajo articulado: “(…) les pido a esta sociedad que nos ayude para cualificar el entorno del aprendizaje. (…) La educación es una construcción colectiva.”[5]
El día posterior, miércoles 2 de Marzo, se realizó la tan esperada paritaria docente. Sin embargo, en función de lo comunicado en el acta oficial[6], pareciera ser que este espacio de concertación política sólo sirvió para que ambos sectores se dijeran en la cara todo lo que ya habíamos visto, leído y escuchado en los distintos medios de comunicación en estos días. No hubo ninguna propuesta por parte del CPE, y las paritarias pasaron a un cuarto intermedio hasta el 16 de Marzo. Y es así como dicho encuentro también ha servido como estrategia para reducir el nivel de tensión social, a partir del cual el CPE ha ganado un mínimo margen de tiempo para gestionar, a contrarreloj, las soluciones que permitan el normal desarrollo del derecho educativo y laboral de quienes le dan vida a las escuelas públicas.
Algunos aportes para un debate ciudadano
No debemos dejar de recordar que en los actuales contextos de hegemonía neoliberal el término “conflicto” es una mala palabra. Por el contrario, coincidimos con Norma Paviglianiti (1993), en considerar que el terreno de las políticas educativas no es otra cosa que un campo de disputas entre fuerzas que intentan darle direccionalidad al proceso educativo, y de las relaciones que se dan dentro del Estado para la configuración y control de la práctica institucionalizada de la educación.
Y es aquí donde aparece la Concertación Educativa como una herramienta de gestión para evitar que estas disputas se traduzcan en “dilemas” (lo que causaría un estancamiento que no avanzaría ni para un lado ni para otro), y generar acuerdos para la acción pero sin negar el conflicto, porque como nos recuerda Juan Carlos Tedesco: “La concertación educativa supone, en consecuencia, reconocer al otro y negociar formas de trabajo común. La concertación no elimina el conflicto, ni las tensiones ni las diferencias. No significa uniformidad. Es evidente que seguirán existiendo intereses distintos y tensiones (…) Pero la concertación crea un mecanismo a través del cual esos conflictos y tensiones se resuelven mediante el diálogo y los acuerdos para la acción.” (Tedesco, 2007; pp. 155).
Por eso, en un escenario santacruceño de fragmentación sistémica de la educación y permanentes niveles de conflictividad, la Concertación Educativa pareciera ser una buena herramienta para la construcción colectiva y multisectorial de políticas educativas con vistas en darle coherencia y sentido a la educación en nuestra provincia. Es hacia allí donde parecería proponerse el accionar de la nueva gestión del CPE.
Hasta hoy, el Pacto Educativo pretendido por Borselli no parece ir por buen camino, y los hechos son claros: Santa Cruz es la única provincia del país donde el ejecutivo provincial aún no ha realizado la primera propuesta concreta para comenzar a discutir; éstas se realizaría recién el 16 de Marzo, es decir, diecisiete días después de la fecha establecida para el inicio de clases en los niveles inicial y primario, y siete días después de la fecha establecida para el nivel secundario. Una vez más el derecho educativo choca contra la temporalidad de la política educativa de nuestra provincia para resolver cada actualización del “conflicto docente”.
Llegados a este punto hay que reconocer que, en momentos de crisis económica y social, el rol de los gremios y el movimiento de los trabajadores docentes son fundamentales para evitar que se vulneren sus derechos laborales básicos, entre ellos un salario digno. Pero también queremos advertir que es necesario evitar que el debate público sobre lo educativo se limite solamente a la discusión, por demás legítima, del salario docente.
Resulta indispensable construir estrategias para saldar la deuda pendiente de ampliar el debate público hacia las dimensiones curriculares, pedagógicas y políticas de la educación, dado que es allí donde se juegan las formas que asuma la conciencia crítica de la población en general para analizar estos escenarios de conflicto social (aún no hemos visto ninguna marcha ni movilización que tenga como una de sus “banderas” una mirada crítica de las implicancias políticas y hasta ideológicas de, por ejemplo, la reciente eliminación de la materia “Sociología” en la formación del nivel secundario)[7].
De allí que el gran desafío para los actores con responsabilidad histórica en la construcción y definición de las políticas educativas en Santa Cruz, con principalidad en el Estado, está en construir espacios efectivos de Concertación desde donde combatir la fragmentación del sistema educativo, pero también en incluir al resto de la sociedad en todos los debates referidos a la calidad de la educación pública…
Por Mauro Guzmán para Observador Central. Estudiante avanzado del Profesorado en Ciencias de la Educación-Integrante del Proyecto de Investigación “Antropología de las políticas educativas y desarrollo en Santa Cruz: Entre el Neoliberalismo y el escenario del Kirchnerismo”. Becario ITET /UNPA-UACO
Bibliografía consultada:
-Paviglianiti, N (1993) “Aproximaciones al desarrollo histórico de la política educacional”. Revista Praxis educativa, Nº 11
-Tedesco, J C. (2007) “El nuevo pacto educativo”. Santillana; Bs. As.
-Tenti Fanfani, E. (2011) “La enseñanza media hoy: masificación con exclusión social y cultural”
[1] Para ampliar esta idea recomendamos consultar: Guzmán, M. “La educación secundaria en tiempos de docentes efímeros”. Observador Central, Nº 77, Edición del 11 de enero de 2016.
[2] Para ampliar esta idea recomendamos consultar: Madagan, N.: “El cambio de orientaciones en el nivel de enseñanza medio. ¿Nuevas formas, viejos problemas en la agenda de Santa Cruz?”. Observador Central, Nº 40, Edición del 06 de Abril del 2014; y Magadan, N: “Ética, estructura curricular de la Secundaria y Políticas Educativas en Santa Cruz”. Observador Central, Nº43, Edición del 27 de Abril de 2014.
[3] Citamos a modo de ejemplo:
-El Convenio de cooperación con Administración General de Vialidad Provincial, donde se estableció aunar capacidades y recursos a fin de poder brindar cursos de formación profesional y la terminalidad educativa, para quienes se proyecten en la Administración Pública de ese sector. -Reunión con el Intendente de Perito Moreno, a fin de propiciar el trabajo conjunto para la construcción del Colegio Secundario Técnico con orientación en minería. -1º Mesa de trabajo con CAPROMISA (Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de la Provincia de Santa Cruz), donde se busca articular acciones conjuntas de capacitación.
[4] Véase “Roberto Borselli, Ex-Presidente del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz”. Observador Central, Nº 20, Edición del 17 de Noviembre de 2014.
[5] Fuente: Grupo Informativo Santa Cruz Uno. Disponible en http://santacruzuno.com.ar/noticias/provinciales/20160302275311388825.shtml
[6] La versión digitalizada del acta está disponible en la página del Consejo que al momento del cierre de este artículo se encuentra caída.
[7] Nos referimos aquí a la nueva estructura curricular del nivel secundario, aprobada por resolución y cuyo análisis requiere de una extensión con la que no contamos en este artículo.
