Entrevistamos al periodista y Director de Prensa GeoMinera quien se ha especializado en temas de minería metalífera llegando a alcanzar una amplia trayectoria en el campo privado y mundo académico en todo el país. Conocedor indiscutible de los intersticios del poder que circula en torno al sector minero, nuestro entrevistado realiza un agudo diagnóstico del sector y sus distintos actores que lo componen. Con eje en las Políticas Nacionales y Provinciales de Santa Cruz, el análisis nos recuerda la necesidad de revisar criterios básicos como inversión, previsibilidad, seguridad jurídica y capacidad de gestión estatal y empresaria.
(Año 1/ Edición Nro. 38/ 23 de Marzo 2015/Capital Federal)
OC: ¿Cómo observa el desarrollo minero a nivel nacional?
En los últimos tres años ha sido muy significativo el declive de las áreas que deben ser exploradas para encontrar futuros yacimientos. Esto se sentirá en el corto plazo. En lo referido a puesta en producción, el litio fue un aliciente en Salta y Jujuy que permitió importantes inversiones y puesta en producción. En cambio, en lo referido a las metalíferas, sólo se avanzó en Cerro Negro y Lomada de Leiva en la provincia de Santa Cruz. El resto muy lejos de la actividad que tuvo su punto máximo entre 2005 y 2011.
OC: ¿Quiere decir que no llegaron inversiones de envergadura? ¿Podría explicar las causas?
Exacto. Salvo Goldcorp en Perito Moreno, las grandes empresas más bien se retiraron, caso Vale Río Doce en el proyecto Potasio Río Colorado, Barrick en Lama Pascua y Glencor de Agua Rica. Lo que le significaron al país cerca una pérdida de inversiones por más de 10 mil millones de dólares y 10 mil puestos de trabajo directos.
Las causas fueron variadas. El precio de los minerales, por un lado, que siguen en descenso. Por el otro, las condiciones de alteraciones a las reglas de juego referidas a estabilidad económica, nuevos impuestos, la inflación y las distintas variables del valor del dólar, figuran en primer orden. En las ecuaciones de las empresas tantas alteraciones arrojan impedimentos para acceder a los capitales de riesgo que necesita esta industria.
OC: ¿El gobierno nacional y las provincias que hicieron al respecto?
A nivel nacional poco se hizo, es más, las inclemencias económicas jugaron en contra. En 2011 ya había inflación y el gobierno blanqueó este tema recién en 2013. Es más, se ensució la información desde la Secretaría de Minería de la Nación con estadísticas dibujadas y sin fundamentos. Parecían más bien obras de un pintor incipiente que de un economista optimista. Esto hace mucho daño dado que se distorsiona la realidad y somete a la industria a parámetros falaces.
En cuanto a las provincias, algunas, nada. A otras se les fue la mano. En San Juan acordaron modificaciones para alterar cambios en el tema de regalías. Aparecieron los fideicomisos que le permitieron al Estado-Sociedad ver más incidencia económica. Hubo otros, como Santa Cruz que impusieron nuevos impuestos y siguen las diferentes interpretaciones entre Estado y empresas.
OC: ¿A su entender qué se debería hacer para encauzar estos temas que sirvan para la continuidad del desarrollo minero?
Empezaría a repasar la historia, imponer criterios de sentido común y abrir nuevamente el debate que se dio en el país allá por 1993. Hace 22 años cuando se planifica el nuevo marco para la industria minera y la captación de capitales de riesgo, se pusieron en marcha mecanismos inexistentes que dieron buenos frutos. A las leyes pro mineras se le agregaron el Acuerdo Federal para la extracción minera y el Consejo Federal de Minería, COFEMN. En la actualidad existe minería gracias a esas leyes y acciones. Hoy como no existe una Política de Estado certera, es imprescindible reposicionar acciones. Estas se refieren, a mi entender, a una nueva planificación de prioridades, nuevas metas de consenso, profundizar lo que deja el sector y quienes son los más beneficiados.
OC: ¿Usted lo dice por esas leyes provinciales que buscan captar más impuestos?
Uno de los temas es ese. Las provincias observan que el mayor beneficiario de la explotación es la renta general del Estado nacional. El 35% de impuestos a las ganancias, los impuestos indirectos como los provenientes del gas oil o las retenciones quedan en nación y en las provincias sólo la mísera regalía del 3%. Esto hay que modificarlo. Se debe rever este tema sí o sí. Por eso se necesita consensuar, pactar, establecer nuevas variables que en los noventa no se contemplaron porque no había antecedentes. Ahora si hay 22 años de historia. Hay que desmenuzarlos, estudiarlos en profundidad, planificar y legislar en consecuencia. Hoy, la minería, debería dejar más recursos económicos en sus zonas de influencia.
OC: ¿Usted cree que se pueden lograr semejantes cambios?
Si, los recursos son de las provincias y se debe respetar este dogma. Una posibilidad es derivar en forma directa porcentajes de esos impuestos y de esa forma reestructurar la incidencia económica real de lo que aporta el sector a la nación.
OC: Pero algunas provincias protestarían. ¿Cuál es el eje que puede motivar este cambio?
Sencillo, al ser la minería un recurso finito debería tener legislaciones específicas de cómo repartir la torta. De lo contrario la provincia es una simple recaudadora de una renta ínfima y el gran beneficiario es la administración central. Aquí deberían primar los conceptos federales de nuestra República.
OC: ¿Qué opina de lo que sucede con el impuesto a las reservas que se impuso en Santa Cruz para revertir la tendencia que usted detallaba sobre lo que queda de dinero a las provincias por la explotación minera?
Tema difícil. La idea del gobierno de querer captar más recursos provenientes de la minería no está mal. Sucede que la necesidad de dinero tiene cara de hereje. Por eso es entendible que la provincia recaude dinero extra ante la venta de los activos que ejecutan las empresas entre sí cuando adquieren un yacimiento. A mi entender si uno vende algo en miles de millones y lo hace en otro país y no tributa en la Argentina es inadmisible. Tal es el caso de la venta de la empresa Oro Plata y su proyecto Cerro Negro, el cual adquirió en el exterior Goldcorp y que no pagó tributo alguno por esa transacción. Pero otra cosa es que la provincia quiere cobrar impuestos anuales por las reservas declaradas por las empresas. Es un disparate. Ya que las leyes vigentes prevén otro sistema de gravámenes. No obstante aquí se denota que no existe diálogo entre el Estado y las empresas. Hay que ejercer el consenso. Y fomentar medidas de fondo concertadas y desde el debate llegar a puntos de acuerdos. Esto, aunque parezca imposible, es así en el mundo.
OC: ¿Usted dice que aquí no hubo diálogo entre empresas y gobierno?
El gobierno tiene necesidades y quiso arrebatar nuevas formas de financiamiento donde haya dinero. Tales son los casos del petróleo y la minería. Pero el Estado posee reglas y estas no se cumplen. Lo que es imprescindible que aquellos que ejercen el poder temporal en su mandato sepan esto y la forma de lograr cambios es por consenso y sentido común. Las empresas saben diferenciar bien el rol del Estado y el gobierno de turno. Para no sufrir alteraciones deben acordar, y desde esta perspectiva alcanzar un punto de acuerdo. Si el gobierno pide algo disparatado tratar de negociar o recurrir a la justicia. Pero si el reclamo posee sentido común las empresas deberán acatar los nuevos marcos de referencia. Esto sucede en la actualidad y de esa forma funciona, tales los casos de las provincias de Jujuy, Catamarca y San Juan.
OC: ¿Por qué no funcionó en Santa Cruz?
Hubo cierto “patoterismo” desde el gobierno de Daniel Peralta. Se partió de una base concreta y admisible, pero lo llevó a un extremo y eso quitó camino para negociar. La coyuntura económica por recaudar más y hacer frente a los gastos de funcionamiento le sugirieron a Peralta que avance con ese impuesto y se generó allí el conflicto. Tampoco ayudó la intransigencia y falta de cintura de las partes.
No funcionó porque uno quería recaudar cien y el otro no quería pagar nada. Así, desde esas diferencias, es imposible avanzar. Hay que consensuar y para ello hay que tener interlocutores válidos. Esto es un negocio.
OC: ¿Aquí no los hubo? ¿Usted cree que los empresarios no supieron negociar bien?
Me da la sensación que no. Por un lado funcionarios que comprendían el negocio minero le daban la razón a uno y al otro. De la misma manera que no pueden los empresarios dejar en manos de un periodista la negociación de impuestos o gravámenes. Acordar con el Estado es comprender la dinámica y lógica de la existencia de una empresa, y hacer lobbismo con amigos que saben de títulos y copetes no es lo mismo que negociar defendiendo los intereses de los accionistas. Las empresas deben poner en funcionamiento el arte de la negociación para llegar a mejores términos, de lo contrario las superará el conflicto.
Es muy difícil jugar como empresario minero en nuestro país, cuando sólo se es un ejecutivo bien rentado. Hoy tras dos décadas existen profesionales y ejecutivos de amplia experiencia y que no son “cipayos”. Son hombres honestos que deben mediar entre generar riquezas para un país y ser socialmente aceptados y darles resultados a quienes decidieron invertir en Argentina. A esto hay que sumarle la desgastante tarea de negociar con los políticos nacionales.
Salvo honrosas excepciones, las empresas mineras en Argentina son manejadas por ejecutivos bien rentados y no por empresarios. Esto es toda una lectura y una definición que hay que saber leer en un sector que carece de reales inversores nacionales.
OC: ¿Puede ser más preciso?
Si un empresario, empleado jerárquico, dice en un ámbito de funcionarios, legisladores e intendentes, que su empresa gana el 27% anual, pagando todos los gastos e impuestos, no puede evitar que de esa torta de ganancia los funcionarios pretendan arrebatarle un 5 o 10% y de esa forma echar por la borda el mensaje de que es mínima la renta minera en el país. Y ahora, ese mismo ejecutivo llora por los medios regionales que los metales cuestan el 50% menos que el año pasado, inaceptable. Aquí quedó demostrado cómo se cimentan las pretensiones. El pez por su boca muere.
OC: Cambiando un poco de eje: ¿Qué lugar ocupa la sociedad que es impactada por proyectos mineros de una industria que sigue teniendo dificultades de ser considerada legitima para ciertos sectores sociales?
Los reclamos sociales deben ser atendidos y abordados, no pueden ser ignorados ni pretender que sean los gobiernos los que den la licencia social a los Proyectos mineros. Hay empresarios que confunden licencia social con licencia política. Esto es inaceptable. La industria será socialmente aceptada siempre y cuando haga una fuerte empatía y conocimiento de las ventajas de poner en marcha un yacimiento. En Argentina hay importantes ejemplos para bien y para mal.
El mejor mensaje a la sociedad sobre que esta industria es lícita y posible, es escuchar a los trabajadores mineros que van y vienen al socavón. Son el verdadero testimonio de lo que pasa en la minería. Es muy raro que quienes se oponen a esta actividad nunca hayan recurrido a ellos para escuchar su palabra e historias de vida.
OC: Por último ¿Cómo debería ser a su entender la gestión minera en el gobierno que asuma en diciembre de 2015?
En primer término me gustaría sostener como principio que esta industria puede dar verdaderas respuestas económicas-sociales y culturales. Se puede hacer minería para satisfacer demandas propias y del exterior. Es una industria que todavía no demostró su verdadero potencial Cuando se comprenda que su desarrollo es estratégico para la Nación, su puesta en marcha será revolucionaria para un país que sólo pone fichas en el agro. La minería es ciencia, producción, tecnología y generación de empleo con nuevas oportunidades. Esto en Argentina, lograrlo, sería revolucionario.
Por otro lado, hay cuestiones macro en la economía que deberán implantar nuevas reglas de juego tales como previsibilidad, seguridad jurídica y el precio y cepo del dólar. Una tarea de suma atención y dedicación si se quieren recuperar más inversiones. Por el otro lado, en forma específica la minería, la nueva gestión deberá abandonar la falacia y la inoperatividad ejercida por el actual Secretario Jorge Mayoral.
La gestión de este personaje en los últimos 13 años fue desastrosa y no deja nada constructivo. Destruyó la espera oficial del sector. No posee documentación de investigación, ni respuestas a las serias demandas que hizo la sociedad en los conflictos por la llegada de la minería. En el mejor momento de la industria, 2003-2010 tuvimos al peor gestor. Mayoral deja como herencia la inexistencia de cuadros técnicos en la función pública, siete provincias con leyes adversas a la minería y como si fuera poco el peor desorden jurídico ya que nunca hubo diálogo ni intenciones de hacer las cosas bien. La lista de su decadente gestión es extensa.
Por el Equipo Editor de Observador Central
