Un antecedente sin precedentes en materia de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) se ha institucionalizado en la Provincia de Santa Cruz. A la fecha tres empresas mineras en operación se han alineado al Programa provincial UNIRSE (Unidos en la Responsabilidad Social Empresaria)
(Año 2 / Edición Nro. 83 / 10 de mayo de 2016 / Santa Cruz)
El Ministro de Producción Leonardo Álvarez ha sostenido explícito en su planteo “…todas las operadoras que hoy están en explotación en la provincia de Santa Cruz, van a hacer sus aportes de responsabilidad social empresaria a un fideicomiso constituido para financiar el “Programa UNIRSE”.
Recordemos que al inicio del gobierno de la Dra. Alicia Kirchner la RSE se instauró como consigna la necesidad de relacionarse amigable y comprensivamente con el sector minero metalífero. En esa consigna se les comenzó a recordar a cada grupo corporativo que el escenario nacional y provincial creaban las condiciones propicias a partir de tres ventajas estructurales para el sector minero establecido en Santa Cruz: la eliminación del impuesto provincial inmobiliario minero; el fin de las retenciones de exportación a la industria y la medida de rembolsos por puertos provinciales.
Por otro lado, la información mediática que circula en la provincia, habla que el Estado espera recaudar mediante esta acción voluntaria entre 300 y 400 millones de pesos anuales, recursos que serán destinados a la inversión en políticas públicas, representando así esta cifra una medida superadora al impuesto inmobiliario que unilateralmente había impuesto al sector el ex Gobernador Peralta y de manera antijurídica.
Además de las palabras del gobierno provincial, distintas voces se han expresado sobre la medida de maneras contradictorias, celebrando en ciertos casos la actitud empresarial, mientras que otros sectores de la política han afirmado que, dado que explotan recursos no renovables “que algo aporten no está del todo mal, si de financiar políticas públicas de inversión social se trata”.
Una de esas contradicciones más significativas ha quedado plasmada en el propio comportamiento de los legisladores provinciales que han pujado por una iniciativa que solicita al gobierno nacional el rechazo a las retenciones mineras. Aquí oposición y oficialismo casi repitieron reproducir internas a favor y en contra de la medida nacional.
Lo cierto es que hasta ahora el sector minero no se ha expresado de manera colectiva y si lo ha hecho en negociaciones individuales de acompañamiento al Estado Provincial que se ha declarado en quiebra al inicio de la actual gestión. Con seguridad, el comportamiento individual de cada empresa atiende a la realidad de cada operación o proyecto en la etapa de factibilidad en que se encuentra, quedando pendiente en la información pública disponible, como podría afectar los compromisos ya asumidos por las operadoras en las comunidades de impacto como ser Perito Moreno, Gobernador Gregores, Puerto San Julián.
Uno de los temores que circulan entre autoridades locales de comunidades de impacto, es si efectivamente está política de RSE obtenida por el Gobierno Provincial, no se convertirá en excusa de los grupos empresarios para restringir los aportes ya comprometidos mediante acuerdos previamente establecidos.
Por otro lado, se espera que la figura de FIDEICOMISO al que aportarán las operadoras, efectivamente tome estado público a efectos de garantizar la legitimidad y legalidad de la medida recaudatoria para que luego no se transforme en una media que carezca de transparencia del sector minero ante la sociedad.
Mientras tanto, surgen dudas respecto si efectivamente el sector en su conjunto logrará alcanzar el fin recaudatorio entre las operadoras y proyectos próximos a entrar en operaciones, pues los montos involucrados no necesariamente se corresponderían con la totalidad de recursos de RSE que el sector en su conjunto podría aportar a las arcas provinciales.
En definitiva, todo indica que la medida efectivamente se alinea por primera vez en una política de Estado que coloca la RSE como agente de financiamiento voluntario. Es tal vez en este sentido, que con independencia del sector de la economía que se trate, el Estado ha sentado un precedente para que las distintas actividades extractivas beneficiadas con los “certificados origen” se alineen en un todo transparente para levantar servicios públicos caídos de la política pública.
Del EQUIPO EDITOR
