Desde hace días el puerto local se encuentra paralizado tras la decisión gremial de convocarse al paro por la disposición de sus “bases sociales”. Es así que distintas mercaderías, maquinarias e insumos de la industria se encuentran paralizados en el puerto, frenando de esta manera las importaciones y los despachos de exportación. La medida de paralizar el muelle se sustenta en reclamos que realiza el gremio de los estibadores por incumplimiento de la transferencia de los aportes para el pago de subsidios por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz.
(Año 2/ Edición Nro. 74/ 14 de diciembre de 2015/ Puerto Deseado).
El Fondo anti crisis: “la telaraña que atrapó e inmovilizó a la Comunidad”
El denominado fondo anti crisis, que no cuenta con una Ley que lo reglamente, se crea durante la gestión del ex Gobernador Daniel Peralta. El mismo se constituye con aportes que le son retenidos a los trabajadores, otros que aportan las empresas y el Estado Provincial, en concepto de subsidio y que tiene como objeto atender la situación económica que deriva los períodos de veda biológica pesquera.
Es así, que los últimos años se han transferido a los sectores gremiales vinculados a la actividad marítima y portuaria millones de pesos para atender eso meses de inactividad y otras situaciones de “emergencia”.
En la actualidad, los trabajadores portuarios reclaman al gobierno para que le transfiera lo que “les corresponde” en subsidio, que consiste en un valor de $15 mil pesos per cápita a ser otorgados durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Estamos hablando de más de $10 millones que deberían ser distribuidos en pagos de subsidios.
La medida de fuerza actual que se está desarrollando implica que no se puedan realizar operaciones de exportación, siendo principalmente el sector afectado el pesquero; trayendo como posible consecuencia, según los rumores de los propios empresarios que, al no poder exportar, estos tampoco podrán liquidar sus exportaciones atrayendo una aparente situación de perjuicio financiero en donde peligraría el próximo mes el pago de sus salarios.
Asimismo, se encuentran sin poder salir del recinto portuario los contenedores con maquinarias y materiales para la construcción de las represas, peligrando en el futuro inmediato también el ingreso de 300 contenedores. Lo cual implicará un retraso en el cronograma de operaciones.
Otros sectores perjudicados son los trabajadores de plantas de proceso que trabajan con el “fresco”; estamos hablando de más de 300 trabajadores que se ven afectados no ahora, sino en los últimos años, por las acciones de los sindicatos portuarios, ya que el “fresco” no representa un atractivo económico para estos trabajadores. Sin embargo, por este tipo de situaciones las plantas de proceso que operan con este producto se han encontrado en situaciones sociales y económicas preocupantes.
Considerando que el Sindicato de la Industria de la Alimentación es el que debe velar por los intereses de los trabajadores de plantas de proceso, cabe preguntarse ¿cuál ha sido su rol si sus trabajadores han sido vulnerabilizados por la presión de otros sindicatos que influyen negativamente sobre sus intereses?
En consecuencia, este fondo ha provocado que el puerto paulatinamente vaya perdiendo cargas, ya que el “fresco” es algo que han ido descartando como así también los embarques de importación con insumos para la minería.
Y también, como este Fondo ingresa al Municipio como partida contable denominada “Aporte para Déficit”, esto compromete el presupuesto municipal afectando la provisión de obras y servicios destinados al mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes deseadenses, ya que el presupuesto se compromete indirectamente al pago de subsidios.
¿Tu mirada sólo llega a la punta de tu nariz?
En el nombre de la “paz social”, sectores empresarios trasnacionales, locales, Estado y representativos de los sectores trabajadores de la actividad portuaria, han encontrado en los últimos años un mecanismo para resolver la conflictividad social basado en soluciones “de carácter práctico” instrumentados mediante un sistema que respondía a una filosofía de gobierno, pero también de total “responsabilidad empresaria” basada en atender el conflicto a través del pago de subsidios.
Pero esta política, respondía ¿a dar soluciones a la contingencias que provocaban las crisis de los mercados internacionales que impactaban fuertemente en pequeñas economías locales como la nuestra por ser dependientes de la actividad pesquera? Ó ¿se trató simplemente de un sistema perverso que tuvo como propósito desarticular los eslabonamientos productivos teniendo como objeto someter a las comunidades a la voluntad política de representantes políticos institucionales inescrupulosos?
Independientemente de la respuesta, que quedará a reflexión del lector, nos encontramos en una situación del presente que obliga a repensar un nuevo modelo de desarrollo local por varias razones. Quizás algunas de ellas porque las empresas trasnacionales están reconociendo desde su interior, pero a puertas cerradas, que son responsables de este resultado. Por otro lado, porque nos encontramos en épocas de vacas “desnutridas” que encuentra a la provincia en una situación financiera en “crisis” tal como lo anticipó días atrás la gobernadora de Santa Cruz.
No obstante, sabiendo cómo han sido las cosas, no debemos cometer el error de llevar al banquillo de los acusados a los trabajadores, que en definitiva reclaman lo que ellos llaman hoy “un derecho adquirido”. Sin embargo, todos estos actores, deben actuar con responsabilidad ya que el efecto colateral de un juego de muchos años que llevó a cero resultados, deja a una Comunidad atrapada en un círculo vicioso, que se refleja en una “malaria económica” casi histórica.
Durante la jornada del día de hoy los representantes del gremio portuario serán recibidos por el flamante Ministro de la Producción Leonardo Álvarez, quien deberá comunicar cual será la decisión que tomará ante la exigencia el reclamo al gobierno provincial.
La Comunidad, integrada también por pymes y comerciantes locales, aguardan por parte de las autoridades que se tomen decisiones gubernamentales y empresarias, también, de forma responsable y prudente, ya que en definitiva lo que está en juego es la sustentabilidad de esas inversiones.
Y, pensando en futuro, cerraremos diciendo que esta política hace que todos terminen quedándose “sin el pan y sin la torta”, ya que el efecto cascada se derrama por sobre toda la comunidad en conjunto.
La comunidad y nuevas autoridades, deberán asumir la conflictividad social que comenzará por estibadores si es que el Estado Provincial define no hacer lugar a la política del subsidio. Entonces, se deberán construir nuevos mecanismos de paz social y fondos anti cíclicos que involucren a todo el sector, en especial con el compromiso del Estado y Empresarios. Sólo con una nueva herramienta de financiación y criterios de planificación serios, podremos transformar el conflicto en una política pública acorde a la ideología del desarrollo que ha declarado la primera mandataria provincial querer refundar.
Por Blanca Montes para Observador Central.
