Bajo el título “El Estado del Estado. Diagnóstico de la Administración Pública a Diciembre del 2015” y con la firma de Presidencia de la Nación, el gobierno del Ingeniero Macri publicó un volumen de 223 páginas en que pasa revista a indicadores macroeconómicos y políticas públicas del Kirchnerismo. 5 páginas están destinadas a presentar el diagnóstico educativo heredado (p: 49 a 53). Lejos de reconocer cualquier avance sustantivo en el período 2003- 2015, enfatiza en los problemas de calidad, salarios docentes, falta de información confiable, y expansión de universidades sin planeamiento. En nuestra perspectiva editorial asumimos que se trata de un documento político que resulta ligero y de bajo nivel analítico. Lo reproducimos textual a efectos de reclamar diagnósticos cualificados en base a investigaciones de políticas educativas de calibre estadísticos, cualitativos calificados y plurales. La educación es una herramienta estratégica para la construcción de ciudadanía e invita a pensarla y actuarla como política de Estado racional y dentro de la batalla ideológica por imposición de paradigmas, ajenos a negar memoria histórica y establecer silencios ideológicos.
(Año 2 / Edición Nro. 84 / 10 de Julio de 2016 / Caleta Olivia)
“En diciembre de 2015, la educación pública tenía severos problemas de calidad y no lograba garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades. Las mejoras presupuestarias de los primeros años de la gestión anterior no se veían reflejadas en una escuela que garantizara los aprendizajes fundamentales para el desarrollo integral de todos los niños y jóvenes del país. Por todo el país se encontraron escuelas con severos problemas de infraestructura, maestros que no tenían suficiente capacitación, alumnos que aprobaban sin aprender y padres que no se comprometían.
Durante muchos años, Argentina fue líder regional en muchos de los indicadores educativos. Entre ellos, la cantidad de años de estudios por habitante o el índice de analfabetismo. En diciembre de 2015 estaba en el promedio. En otros indicadores, como el porcentaje de cobertura en la escuela inicial, Argentina se ubicaba detrás de países como México, Perú y Uruguay. Mientras México tenía una cobertura del 81%, en la Argentina sólo el 72% asistía a la escuela inicial.
En las pruebas de calidad educativa de nivel primario que realiza el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de Unesco, entre 2006 y 2013, Argentina tuvo progresos escasos o nulos en lectura, matemática y en ciencias. Los resultados estaban por debajo de los de Chile, Costa Rica, Uruguay y México y en algunos casos detrás de Brasil, Colombia y Perú. En las pruebas PISA, por otro lado, Argentina estaba, en el año 2012, entre los peores ocho países de los 65 sistemas educativos participantes. Desde su primera participación en el año 2000, el país no había mejorado su desempeño en ninguna materia. En el mismo período, otros países de la región, como Chile y Perú habían mejorado significativamente.
“Los docentes de siete provincias cobraban sueldos menores al salario mínimo”.
En diciembre de 2015, los docentes de siete provincias cobraban sueldos menores al salario mínimo. En parte, esta deuda explicaba la falta de clases que sufrieron muchos de los alumnos de escuelas públicas de todo el país. Los paros y los temores antes del comienzo de clases eran una foto que se repetía todos los años. En 2015, ocho provincias tuvieron más de 20 días de paro.
En 2004 se estableció por ley la obligatoriedad de 180 días de clase por año para todos los alumnos de las escuelas del país. Más de diez años después, ese objetivo estaba lejos de cumplirse. Cada año, entre las de-moras en el inicio de clases, los días de paro por conflictos salariales con docentes y las dificultades para recuperar los días perdidos, son pocas las provincias que alcanzan la cantidad de días de clase oficiales. Además, ni siquiera aunque los chicos estén en clase todos los días tienen garantizado que van a adquirir todas las herramientas que necesitan para llegar listos al mundo del trabajo. Sólo la mitad de los alumnos de las escuelas públicas argentinas en 2015 terminó el secundario en forma. Ésta es una de las estadísticas más tristes sobre la educación pública. Pero también es uno de los pocos datos disponibles, ya que la falta de estadísticas también llegó a la educación.
No existían evaluaciones de impacto con estándares de calidad en los programas y políticas educativas. Tampoco había información completa y confiable que permitiera conocer el grado de cumplimiento de las metas comprometidas por el gobierno. Las evaluaciones que sí existían tenían un nivel tan bajo de respuestas que ponían en riesgo su confiabilidad y la validez de la evaluación. Sumado a eso, una deliberada falta de transparencia en la difusión de los resultados de esos pocos operativos nacionales. En algunas jurisdicciones donde se aplicó la Prueba Nacional de Evaluación, por ejemplo, respondieron sólo el 23% de los estudiantes. El Estado tampoco cumplió a la hora de exigir la obligatoriedad ni publicó los resultados de las pruebas y los diagnósticos.
Los datos obtenidos de informes regionales publicados por organismos como Unesco o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son alarmantes. Los resultados obtenidos del Tercer, el estudio de logro de aprendizaje más grande que se realizó en la región indica que uno de cada cuatro alumnos de tercer grado no accede a los aprendizajes indispensables en Lengua. En la misma materia, pero a los 15 años, en la Argentina sólo la mitad de los alumnos accede a los aprendizajes indispensables. Además, todos estos indicadores muestran fuertes desigualdades entre provincias.
“El Estado Nacional debía más de 3.000 millones de pesos a las universidades”.
En educación universitaria, los años anteriores al cambio de gobierno se caracterizaron por la apertura de nuevas universidades y de una saludable expansión de la matrícula de estudiantes. Sin embargo, esa expansión se hizo sin planificación y en medio de batallas presupuestarias que reflejaban un ataque a la autonomía universitaria, por parte del gobierno, a partir del manejo discrecional del presupuesto. En diciembre de 2015, el Estado Nacional acumulaba una deuda con las universidades de más de 3.000 millones de pesos. Sólo en gastos de funcionamiento debía tres cuotas, por casi 900 millones de pesos, y otros 600 millones de pesos del refuerzo presupuestario de 2015. También se debían 91 millones de pesos en cuotas de becas estudiantiles.
En las obras, existían atrasos desde septiembre y muchos pagos se habían distribuido discrecionalmente. El sistema universitario mostraba a fines de 2015 grandes desigualdades. Sólo 12 universidades públicas concentran el 72% de los estudiantes de un sistema que comprende 62 universidades de gestión pública y 64 de gestión privada. La desigualdad en el acceso a la educación universitaria también se verifica a nivel social. De acuerdo con los últimos datos disponibles, sólo uno de cada diez argentinos obtiene un título universitario. Sin embargo, si uno examina únicamente al 20% más pobre de la sociedad, sólo uno de cada cien personas llega a recibirse. Esto significa que una persona pobre tiene una probabilidad de obtener un título universitario diez veces menor que el promedio nacional. También se registraba en 2015 una fuerte concentración en las áreas de estudio. Las carreras de ciencias sociales y humanidades reunían al 58% de los estudiantes, mientras que las carreras de salud tan sólo al 13%.
Durante los últimos años se redujo el fondo de los programas especiales para las universidades destinados para el mejoramiento de la calidad de las instituciones, de la infraestructura, de becas y de programas de vinculación tecnológica, entre otros. Lo que quedó se distribuyó discrecionalmente, y universidades como las de San Martín o la de La Matanza recibieron montos muy superiores a otras de similares dimensiones. A través del Programa Fundar, la Secretaría de Política Universitaria transfirió más de 2.000 millones de pesos sin ningún criterio claro. Sumado a esto, no hubo ningún control por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias respecto del seguimiento y aprobación de la rendición de los fondos transferidos a las universidades nacionales, según un informe de la Sindicatura General de la Nación. Se verificaron transferencias autorizadas por la secretaría por mayor valor de lo autorizado. Mientras el importe máximo de transferencias permitido es de 13,6 millones de pesos, hay registros de autorizaciones por más de 30 millones de pesos a cada universidad. Sumado a esto, no hubo rendiciones de los fondos enviados a través del programa Fundar. Las universidades deben el 99% de sus rendiciones de gastos de entre 2013 y 2015, según la SIGEN. Aún así, los fondos se siguieron incrementando: 290 millones de pesos más en 2014 y 1.090 millones de pesos más en 2015. A fines de 2015 se distribuyeron por decreto, y sin ningún criterio técnico, 432 millones de pesos a nueve universidades nacionales (Arturo Jauretche, San Martín, Tres de Febrero, José C. Paz, Hurlingham, Comechingones, Rafaela, Alto Uruguay y UTN). La distribución de los fondos del programa Fundar para 2016 fue reflejo de esta falta de transparencia. Las Universidades Nacionales de San Martín, de Tres de Febrero y de La Matanza concentraron 350 de los 639 millones de pesos repartidos por la Cámara de Diputados en concepto de fondos adicionales. Presidencia de la Nación.
Fuente: El Estado del Estado (pp: 49 a 53).
