Docente y abogada, Elba Soria impulsa desde hace seis años un trabajo sostenido para visibilizar el impacto social, educativo y humano de las falsas denuncias en la provincia. A través de congresos, propuestas legislativas y acompañamiento a víctimas, busca instalar un debate que, aunque incómodo, ya atraviesa a la sociedad y reclama respuestas institucionales.
Una historia personal que se transforma en compromiso colectivo
Elba Soria es docente, abogada, madre y mujer. Pero, sobre todo, es una referente en Santa Cruz en la lucha por el reconocimiento y abordaje de las falsas denuncias, especialmente en el ámbito educativo. Su involucramiento no nació desde la teoría ni desde un escritorio, sino desde una experiencia concreta que marcó un antes y un después.
“El tema de las falsas denuncias las vengo militando ya desde hace seis años”, explica. Todo comenzó a partir de un hecho ocurrido en Río Gallegos, el suicidio de un paciente que, al analizar el expediente judicial, revelaba los componentes de una falsa acusación. “Cuando yo ya tomo contacto con el expediente, sí, era una falsa acusación, una falsa denuncia”, señala.
Ese momento fue decisivo. Le permitió ver no solo el daño individual, sino también el impacto social y el rol que juegan el miedo, el silencio y la estigmatización. “Hoy veo una sociedad mucho más involucrada y mucho más dañada, pero también más consciente de que estos hechos sí suceden”, reflexiona.
Docentes bajo sospecha: un sector profundamente vulnerado
A partir de ese primer caso, Soria comenzó a tomar contacto con situaciones similares, particularmente en el sistema educativo. Según detalla, actualmente acompaña alrededor de 88 docentes con investigaciones sumariales por presuntas denuncias falsas, muchas de las cuales ya fueron acreditadas como tales.
“De esos casos, unos 14 ya se cerraron, están sobreseídos”, explica. Sin embargo, el cierre judicial no implica una reparación integral. “El resto de los chicos no vuelve igual. Pasaron un año con incertidumbre, con el dolor de sentirse marcados por el vecino, por el colega, por la comunidad”.
El señalamiento social, advierte, deja huellas profundas. “Ser acusado de un hecho tan aberrante como haber tocado o manoseado a un niño de su escuela es una situación realmente desesperante en la vida de un docente”.
La Ley Facundo: una respuesta jurídica con enfoque humano
De ese recorrido surge el proyecto de la llamada Ley Facundo, en homenaje a Facundo Díaz. “Empiezo a trabajar el proyecto, escribo la ley”, recuerda Soria. Aunque fue presentada en 2019 y volvió a impulsarse tras la pandemia, aún no fue sancionada. “No salió, pero sé que está ahí presentada y volveremos a insistir”.
La ley propone un protocolo específico para docentes denunciados, sin contradecir los mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes. “Tiene dos puntos”, explica.
El primero apunta al momento más crítico: la notificación judicial. “Desde el momento que vos te vas a notificar, tenés que ir acompañado de una persona que te cuide, que esté al lado tuyo”. El segundo establece la activación inmediata de un equipo jurídico que acompañe al docente, del mismo modo que se activa un protocolo para el alumno.
Además, contempla la asistencia terapéutica. “Si el docente necesitara ayuda psicológica, la ley ofrece terapeutas para atenderlo”, detalla.
“Es el primer proyecto de ley a nivel nacional completo. No contradice absolutamente nada. Es lo más humano que yo he visto en una ley”, afirma con convicción.
Congresos, conocimiento y construcción colectiva
El trabajo de Elba Soria no se limita al ámbito legislativo. Desde 2025 organizó tres congresos sobre falsas denuncias, con una impronta innovadora. “La apertura la hacían los abuelos de Lucio Dupuy y yo”, cuenta. La propuesta buscó integrar el dolor, el conocimiento académico y las experiencias cerradas judicialmente.
“No queríamos solo hablarle al doliente. Trajimos profesionales de primer nivel académico y también casos que ya habían sido acreditados como falsos”, explica. Entre los participantes estuvieron psicólogos forenses, psiquiatras, jueces y abogados penalistas con fuerte compromiso social.
“Estos abogados no solo ejercen su profesión, también defienden a personas que no pueden pagar honorarios. Ahí se ve un cambio”, destaca.
La reacción social y la necesidad de ampliar derechos
Soria reconoce que su trabajo genera resistencias. “Hay agresiones, descalificaciones, posturas reaccionarias”, señala. Sin embargo, insiste en que el enfoque no es confrontativo. “Esto no es una agresión. Es ampliar derechos para todas las partes”.
Para ella, el conflicto muchas veces nace del desconocimiento. “La falta de saberes lleva a la negación. Eso nos obliga a hacer más eventos, a derramar conocimiento”.
Casos que interpelan a la comunidad
Uno de los relatos más contundentes ocurrió en Río Turbio. “Vi un cartel que decía ‘Aquí falta José Luis, víctima de una falsa denuncia’. Eso te dice mucho: no me escondo, no tengo vergüenza, porque no soy un abusador”.
Ese gesto público refleja un cambio cultural incipiente: la necesidad de nombrar, visibilizar y discutir una problemática que atraviesa clases sociales, profesiones e instituciones. “Esto es transversal. Le puede pasar a cualquiera”, afirma Soria.
Hacia un observatorio regional de falsas denuncias
Mirando al futuro, el trabajo continúa. “Para 2026 el objetivo es crear un observatorio regional de falsas denuncias en la Patagonia”, anticipa. La iniciativa buscará articular datos, experiencias y producción de conocimiento desde Neuquén hasta el sur del país, con nodos en distintas regiones.
“La idea es que la gente escuche, que sepa cómo se aborda esto desde los expertos y desde quienes lo padecieron”, explica. Para Soria, la prevención es posible. “Estas cosas se pueden prevenir”.
Un debate necesario, aunque incómodo
La entrevista con Elba Soria deja al descubierto una problemática que, aunque muchas veces silenciada, ya está instalada en la sociedad. “Yo creo que esto es cuestión de tiempo”, sostiene. Tiempo para que los datos se reconozcan, para que las instituciones respondan y para que el enfoque de derechos sea realmente integral.