Si hay una actitud que el lector deberá dejar de lado para analizar el papel de los docentes en la calidad educativa, es el de la mirada “generalizadora”, propia del sentido común, que tiende a demonizar o a santificar a todos/as los/as docentes a partir de experiencias personales. Sabemos que a lo largo y a lo ancho de todo el sistema educativo, así como en todas las profesiones, hay docentes con prácticas repudiables y docentes con prácticas ejemplificadoras. Por eso, lo que aquí se propone es una mirada sobre el colectivo docente (agremiados y no agremiados), en tanto que representan uno de los actores políticos con responsabilidad y potencialidad en el mejoramiento de la calidad de la educación pública.
(Año 2 / Edición Nro. 81 / 10 de Abril de 2016 /Provincia de Santa Cruz)
La profundización del “conflicto docente” en nuestra provincia
A partir de la propuesta del ejecutivo provincial sobre el salario docente realizada en la paritaria del 19 de Marzo (aumento del 10% o $2.000 en negro), los gremios docentes han decidido rechazarla y llevar adelante sucesivas jornadas de paro y movilización en todas las localidades de la provincia. Ante esta situación, el CPE emitió una nota dirigida a los directivos de los establecimientos (Nota Nº 005/16) a fin de que éstos elevaran los datos de los docentes que se habían adherido al paro de los días 21 y 22 de Marzo. Este hecho fue repudiado no sólo por los gremios docentes, sino que tuvo un gran rechazo por parte de los mismos directivos, a partir de considerarla como una actitud persecutoria que pretende amedrentar a los docentes en sus legítimos y constitucionales reclamos.
Por otra parte, la cantidad de días de paro también trajo aparejada la preocupación por parte de padres, respecto de las clases perdidas de sus hijos y las alteraciones en sus vidas cotidianas que esto genera. Tal es así que el pasado 04 de Abril, en Las Heras, un conjunto de padres encabezaron una suerte de “contra-marcha”, reclamándole a los docentes que busquen otra metodología de protesta que no perjudique a los alumnos. En sintonía con esta postura, la vocal que representa a los padres en el CPE, Valeria Barría Felgueroso, ha mencionado públicamente que estas pérdidas de clases son las que luego perjudican el nivel educativo con el que salen los jóvenes del secundario, además de que en ellas no se contemplan la voz de los estudiantes.[i]
Entonces, ¿Son los docentes los máximos responsables de que hoy las clases no se desarrollen con normalidad?; ¿Deben los docentes renunciar a su derecho a huelga para no perjudicar el derecho educativo de los alumnos?; ¿Por qué hay un considerable número de padres que comparten la postura “persecutoria” del CPE, y no la de los docentes?
En el momento en que los docentes se identifican como “Trabajadores de la educación”, se están reconociendo con los mismos derechos laborales que cualquier trabajador y ciudadano. El derecho de huelga pertenece a la categoría de los derechos colectivos o gremiales y se halla expresamente reconocido por la Constitución Nacional y por las constituciones provinciales. Por su parte, el derecho a recibir una educación de calidad, y la participación de la familia en ella, también queda claramente explícita en la Constitución Nacional, y en la vigente Ley de Educación Nacional 26.206[ii].
Ahora bien, ¿Son estos derechos mutuamente excluyentes? Si los docentes vuelven al aula y se cumplen los famosos 180 días de clases, ¿Se estaría garantizando por sí mismo el derecho de nuestros niños y jóvenes a recibir una Educación de Calidad? La cuestión de la calidad educativa parece ser más compleja que eso, y por ende, cobran importancia los espacios donde puedan discutirse estos temas en profundidad, en este caso, entre docentes y padres/madres. Sin embargo, ¿Existen estos espacios de diálogo y discusión colectiva entre docentes y padres/madres, a fin de establecer acuerdos respecto al rol y responsabilidades que le competen a cada actor para el mejoramiento de la calidad de la escuela pública?
Algunos mitos sobre los docentes y la educación escolar
Cuando estos escenarios de conflictividad docente forman parte de la agenda de los medios de comunicación, es el momento en donde se dejan ver las distintas representaciones sociales, mitos y prejuicios que operan en nuestra sociedad sobre la docencia. El contenido de lo que se dice sobre la responsabilidad de los docentes es más producto de la indignación, el enojo y el sentido común, que resultado de un conocimiento real sobre la complejidad de la educación escolar, especialmente por parte de los padres de los alumnos. De allí la necesidad, y nuestra responsabilidad como comunicadores, de des-mitificar algunos de estos supuestos:
“Los docentes no tienen vocación, no quieren trabajar y sólo les interesa ganar dinero”: Esta debe ser la frase más escuchada y leída en estos días, a partir del mencionado contexto de conflicto salarial y su consecuente suspensión de clases en nuestra provincia. Aquí se hace necesario considerar dos de las acepciones que puede tener el término “vocación”, ligado a la docencia, según los sociólogos Emilio Tenti Fanfani y Alejandro Grimson (2014):
- a) La primera de ella, vinculada a una suerte de pre-destinación religiosa hacia la docencia. Es decir, el “ser” docente no se elige ni se construye, sino que se descubre o despierta algo que ya traíamos de nacimiento, y es lo que le da sentido a nuestras vidas.
- b) La segunda, relacionada netamente con la anterior, es el carácter altruista del trabajo docente. Es decir, dado que es su misión en este mundo, el docente debe hacer su trabajo con entrega y desinterés. Con lo cual, se vuelve socialmente más valioso cuánto más sacrificios exige, y en este esquema cualquier reclamo por un aumento salarial digno perdería toda legitimidad.
Estas serian las ideas (erróneas) que subyacen en los reclamos hacia una mayor “vocación” en los docentes, un imperativo que obviamente no puede ser satisfecho: “La vocación exige, en suma, una entrega total. Es una identidad antes que una actividad. Este tiende a ser el parámetro utilizado para evaluar socialmente a los maestros. Es obvio que la distancia entre el ideal y la realidad hace que la mayoría de los maestros de carne y hueso estén muy lejos de satisfacer semejantes expectativas.” (Tenti Fanfani y Grimson, 2014; pp. 72)
–“Los docentes, sobre todo los que hacen paro, son los responsables de que los estudiantes no aprendan”: Sostener esta afirmación significa desconocer que el docente es el último eslabón de todos los actores que componen el sistema educativo formal; y al ser un sistema vertical, las responsabilidades institucionales van aumentando a medida que se va ascendiendo. Esto último también significa que el docente debe llevar al aula una propuesta política-pedagógica, cuya definición muchas veces no ha contado con su participación real.
Asimismo, hay que considerar que la escuela no es un mundo aparte, sino que las familias y los medios de comunicación también son agentes educativos, los cuales construyen subjetividades que los estudiantes llevan consigo a la escuela (Tenti Fanfani, 2011; Tedesco, 2007). Y por último, hay que tener en cuenta que el docente no trabaja con “objetos” sino con sujetos; es decir, los estudiantes tienen deseos, intereses, saberes y voluntades, y por lo tanto, juegan un papel activo en sus procesos de aprendizaje.
Esto no quiere decir que el docente no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que hace y lo que no hace en el aula. Lo que aquí se quiere remarcar es que no hay una responsabilidad absoluta, sino que hay “responsabilidades” compartidas en lo que refiere a los aprendizajes logrados por los estudiantes. Responsabilidades que tienen distintos grados según el lugar, las funciones y obligaciones que adquiere cada actor a partir del contenido de las políticas educativas imperantes en un momento histórico dado. Dicho esto, ¿Se puede seguir sosteniendo que los días de clases perdidos son la principal causa por la que hay un bajo nivel de aprendizaje en los estudiantes?
Algunas reflexiones e interrogantes para el debate
En el actual escenario de conflictividad educativa en Santa Cruz que hemos descripto, son los docentes quienes parecerían estar en el ojo de la tormenta (o más bien quienes generan la tormenta); esto es evidente no sólo a partir de las acciones del ejecutivo provincial que claramente atentan contra derechos constitucionales, sino también en función de lo que comienzan a manifestar los padres. Esta desconexión entre escuela y padres (que es posible visualizar durante todo el año) contribuye a que éstos no tengan un conocimiento real sobre la complejidad del sistema educativo, y por ende, construyen discursos y prácticas donde subyacen los mitos que hemos desarrollado.
Pero, ¿Son los padres y estudiantes los que no quieren participar en lo que refiere a la educación escolar, o son los docentes quienes no los incluyen en los espacios donde se definen, por ejemplo, el contenido y las formas de protesta?; ¿Será necesario pensar metodologías de reclamo que no dejen solamente como resultado el logro de objetivos mínimos y a corto plazo, y con un gran “costo social” en términos de legitimidad (incluso entre los mismos colegas docentes)?; ¿y/o el desafío está en construir estrategias que derriben los mitos sobre la docencia, que tienden a deslegitimar cualquier reclamo por mejorar sus condiciones laborales? En definitiva: ¿Cómo construir mecanismos participativos que promuevan la legitimidad social que necesita cualquier propuesta contra-hegemónica en la educación pública, para ser sostenida en el tiempo y lograr los cambios profundos que necesitan las políticas educativas en Santa Cruz?
Lo cierto es que la falsa dicotomía entre “Derecho a huelga” vs “Derecho a recibir educación” (y por ende entre docentes vs padres) lo único que hace es reforzar los mitos sobre los docentes, profundizar la fragmentación del sistema educativo santacruceño y, sobre todo, desviar el foco del actor que tiene el mayor grado de responsabilidad para garantizar ambos Derechos que hoy se ven alarmantemente vulnerados: “(…) la Constitución Nacional, los convenios internacionales de los que la Nación es parte, así como las constituciones provinciales y la legislación dictada en su consecuencia han establecido que el sistema público de educación es una obligación del Estado. Pagar salarios y jubilaciones dignas es una carga social del Estado, y así debe ser identificada, comprendida y cumplida. Los docentes y el personal auxiliar que perciben haberes viles tienen el derecho y el deber de reclamar por todas las vías a su alcance el pago en término y la racionalización prudente de los actuales montos irrisorios, elevándolos a niveles dignos, vale decir, constitucionales.” (Félix Bravo, 1996; pp.62-63)
Por Mauro Guzmán para Observador Central. Estudiante avanzado del Profesorado en Ciencias de la Educación-Integrante del Proyecto de Investigación “Antropología de las políticas educativas y desarrollo en Santa Cruz: Entre el Neoliberalismo y el escenario del Kirchnerismo”
Becario de Investigación del Instituto de Trabajo Economía y Territorio (ITET), de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Caleta Oliva (UNPA-UACO)
Bibliografía consultada:
-Félix Bravo, H. (1997) “Una confrontación de relevancia: derecho de huelga vs derecho de aprender”. Academia Nacional de Educación: Bs. As.
-Grimson, A. y Tenti Fanfani, E. (2014) “Mitomanías de la educación argentina: Crítica de las frases hechas, las medias verdades y las soluciones mágicas”. Siglo XXI Editores: Bs. As.
-Rivas, A (2015) “Una política integral para los docentes”. En Tedesco, J.C. (Comp.) La Educación Argentina hoy: La urgencia del largo plazo”. Siglo XXI Editores: Bs. As.
-Tedesco, J C. (2007) “El nuevo pacto educativo”. Santillana; Bs. As.
-Tenti Fanfani, E. (2011) “La enseñanza media hoy: masificación con exclusión social y cultural”
[i]Extraído de la nota publicada en e l portal digital El Diario Nuevo Día, disponible en http://web.eldiarionuevodia.com.ar/2016/4/4/educacion-futuro-nuestros-chicos-pueden-ponerse-riesgo-justo-reclamo-21871.html . Consultado el 05/04/2016
[ii] La Ley de Educación Nacional 26.206 establece en su artículo 4º que: “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.”
