Año 7 / Edición XLIV / Comodoro Rivadavia / 25-10-2021 / ISSN 2422-7226
Por Daniel Marques
Los hechos que han venido sucediendo en la Comarca Andina del Paralelo 42, y en gran parte del área cordillerana en los últimos años han dejado en evidencia un enorme vacío de orden legal y la cada vez más clara instalación de formas de violencia destructiva con impacto comunitario.
El incendio del Club Andino Piltriquitrón, el ataque a la sede de Vialidad Nacional, el vandalismo sobre una iglesia católica y el incendio de una oficina de turismo en El Bolsón (Río Negro), las distintas ocupaciones de predios de parques nacionales (Río Negro, Neuquén y Chubut), la escalada de incendios forestales intencionales, han instalado un escenario muy grave de anarquía, enfrentamiento comunitario, inacción endémica del Estado que está resignando, aceleradamente, su capacidad de regulación de los conflictos, entre otras muchas consecuencias.
No existe causa legítima que justifique los incendios y la destrucción del espacio público o privado como acción reparadora o justiciera. Ninguna lógica facciosa, sea cual sea y provenga de donde provenga, debe ser tolerada, normalizada o relativizada. Algunos discursos (en función de cierta evidencia empírica recogida en los propios lugares) vinculan muchas de estas acciones con grupos violentos que dicen defender la causa mapuche. Pero, en realidad, estas acciones delictuales (algunas de cuyas manifestaciones rozan los bordes de la sedición) poco aportan a la verdadera causa mapuche y con su extremismo desacerbado sólo resultan funcionales a los discursos duros que se sostienen, propalan desde el otro lado.
Quemar cobardemente un club andino o una oficina de turismo y dejar panfletos que justifican la acción detrás de la “causa mapuche” es tan estúpido y tan negativo para esa misma causa como plantear que los mapuches no tienen territorialidad en Argentina porque se inhabilitan sus reclamos por la tierra ancestral por ser un pueblo “invasor chileno”. Ambas acciones, una desde la exacerbada violencia física y comunitaria, otra desde un registro discursivo falaz, sectario y ahistórico van, en el fondo, en la misma dirección: deslegitimar la verdadera causa mapuche, que, como la de otros pueblos originarios es legítima y legal pero sobre la que, casi nadie y menos el Estado, hacen nada de nada.
Son muchas las iniciativas que podrían haberse desplegado desde el Estado Argentino, a partir de 1994, cuando se reconoció constitucionalmente la preexistencia de los pueblos originarios para reparar, en parte, las marcas de la historia, o sea los despojos, maltratos, expropiaciones, relocalizaciones, invisibilizaciones, pero poco, muy poco se ha hecho realmente. No alcanza con crear oficinas sobre el tema para instalar punteros o distribuir subsidios acentuando el clientelismo sobre estos grupos, ni con propiciar dicotomías falaces, instalando de mil maneras las vacías premisas del “mito del buen salvaje” (que pululan sin ningún asidero histórico en los discursos ingenuos del falso progresismo). Mucho menos con justificar la locura facciosa de grupos ultraminoritarios como si se tratara de un contrapeso respecto de anteriores formas de violencia estatal. Los pueblos originarios, la verdadera mayoría silenciosa, necesitan, con urgencia, la vigencia de derechos culturales que permitan la salvaguarda de su patrimonio y memoria; derechos especiales de representación, que les otorgue formas parciales de autogobierno y derechos de control territorial comunitario de áreas propias pero dentro de principios de federalismo étnico bajo la normativa del Estado Argentino (como lo han hecho otros países como Canadá por ej.). Esto último debe ser acordado y legitimado con los poderes locales y con los pobladores no indígenas del territorio y con un sustento histórico y genealógico, quitando del medio toda arbitrariedad e imposición y todo ejercicio de violencia falaz o de ventajismo de ocasión.
El multiculturalismo, la diversidad, no son sólo expresiones de buenos deseos deben materializarse en políticas de Estado fuera de posiciones cortoplacistas y maniqueas. Hoy existe información, investigación certera y voluntad en muchos sectores para avanzar en esa línea pero el Estado, con sus poderes de turno prefiere continuar en la inacción, la falta de respuestas y el vacío que sólo deja como resultado “tierra arrasada” y un escenario en el cual sólo parece primar la “privatización” de la justicia y la emergencia de una violencia comunitaria que no sabemos muy bien dónde puede acabar… Nadie puede imponerse sobre el interés general, ni los intereses inmobiliarios, ni las megainversiones extractivas o turísticas, ni la violencia sectaria de quienes apelan a la «justicia histórica»… Basta de discursos de “grieta” partidaria o de miradas dicotómicas (ingenuas o intencionadas), la tensión ha cruzado todo límite, la lucha social parece explotar en cualquier momento y somos muchos los que nos preguntamos, ¿y dónde está el Estado?…
