Por Daniel Cabral Marques[1]
Este último fin de semana, la madrugada del sábado 3 de enero, fuimos testigos de un acontecimiento que marca la historia reciente en el escenario americano y mundial, la captura a través de un operativo militar de precisión desplegado por las fuerzas armadas de los Estados Unidos del líder político venezolano Nicolás Maduro dentro del propio territorio de ese país. El hecho ha reactivado dentro de la opinión pública y la dirigencia política mundial muchas de las cuestiones latentes vinculadas, por un lado a la situación específica de Venezuela, país sometido desde hace casi tres décadas (desde 1998) a la impronta del denominado “Chavismo” y, por otro, a la histórica intromisión de la política exterior de los Estados Unidos de América sobre los países latinoamericanos violando sus autonomías y soberanías territoriales.
En el primer aspecto, la captura de Maduro, descabeza un régimen político que comenzó sobre los primeros años de este siglo captando la atención internacional, asociado a la figura del General Hugo Chávez Frías, impulsor con una fuerte legitimidad inicial de la autodenominada «Revolución Bolivariana» y surgida en un contexto de fuerte implosión del sistema tradicional de partidos de Venezuela. Dicha revolución se identificó ideológicamente con el socialismo latinoamericano y, desde sus orígenes, avanzó en un fuerte proceso de estatización de la economía venezolana, de generación de programas y políticas de inclusión social y de mejora de la calidad de vida de la población, principalmente entre 2003 y 2007. Sin embargo, pese a los logros iniciales, que encontraron un techo e iniciaron una fase de crisis desde 2010, Venezuela experimentó bajo las sucesivas presidencias chavistas (tres mandatos) un claro retroceso como democracia liberal, por el control de la prensa, la tendencia a construir un sistema político cada vez menos pluralista, y la persecución a la oposición política y a los sectores críticos al gobierno.
Este escenario regresivo en la “República Bolivariana de Venezuela” se hizo mucho más complejo a partir del fallecimiento de Hugo Chávez y la continuidad en el gobierno de Nicolás Maduro desde 2013, y con los años el complejo cuadro humanitario del país llegó casi a hacerse insostenible por diversos factores entre los que se destacan las enorme controversias sobre la legitimidad de muchos procesos electorales (sobre todo la elección nacional de 2024 en la que según todos los análisis la oposición política liderada por Edmundo González Urrutia y Corina Machado ganó los comicios por amplio margen siendo desconocido este resultado por el propio gobierno); las sistemáticas denuncias por ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos formuladas por organismos y gobiernos extranjeros llegando al nivel de ser catalogados por la OEA como crímenes de “lesa humanidad”; la precarización de las condiciones de vida de los venezolanos (Pobreza del 86,9%), muchos de los cuales optaron por el exilio, alcanzando hoy casi los 8 millones de casos (casi el 30% de la población, el mayor exilio migratorio de la historia latinoamericana); el achicamiento del PBI Nacional en un 72% respecto al año 2013; la corrupción estructural; la delincuencia y violencia callejera y la infiltración extranjera de agentes cubanos e iraníes como parte de los sistemas de inteligencia y vigilancia, entre otros aspectos.
La exacerbación de la violencia estatal del régimen madurista, caracterizado desde hace algunos años por otros gobiernos de la región y del mundo como una dictadura y respaldado en base a diferentes intereses por países extracontinentales como China y Rusia comenzó a impactar en la agenda política de los Estados Unidos de América, sobre todo bajo la gestión del presidente republicano Donald Trump que, fundamentalmente en este segundo mandato, intenta llevar adelante el empoderamiento y reactualización de la vieja Doctrina Monroe. Esta premisa que suele sintetizarse en la expresión “América para los americanos”, surgió en 1823 en un discurso del entonces presidente James Monroe al Congreso Federal poniendo el acento en la no intervención de las monarquías europeas coaligadas en la Santa Alianza en los problemas propios del continente americano y, particularmente, en áreas cercanas a la joven república que representaban los Estados Unidos. No se trataba de un discurso imperialista y agresivo, sino aislacionista y defensivo. Pero desde principios del siglo XX, los Estados Unidos convertidos ahora en una potencia emergente tomaron la Doctrina Monroe a la que lo agregaron un corolario o enmienda para afirmar un principio que sostenía que Latinoamérica y, sobre todo, el Caribe y América Central constituían el “patio trasero” del país en expansión y sólo el gobierno estadounidense podía intervenir en la construcción de un orden internacional en esta área. Otra vez, el mensaje buscaba alejar los intereses europeos, ingleses, franceses y alemanes, de esta parte del mundo. Detrás de esta redefinición de la Doctrina Monroe, Estados Unidos, promovió la construcción del Canal de Panamá (1914), avanzó en sucesivas intervenciones militares en Cuba, Haití, Nicaragua, República Dominicana, México y llegó a atacar las costas de Venezuela exigiendo el pago de deudas a diversos países por parte de ese gobierno. Esta forma unilateral de entender la Doctrina Monroe se expresó en programas de política exterior para América Central y el Caribe tales como la “Política del Gran Garrote” o “Big Stick” (1900-1909), “Diplomacia del Dólar” (1909-1913) que se mantuvieron activas, por lo menos hasta 1933-1934 en donde emergió una diplomacia menos agresiva, más negociadora y multilateral por parte de los Estados Unidos para Latinoamérica conocida como “Política del Buen Vecino” vigente hasta los inicios de la guerra fría y representada por la gestión demócrata de Franklin Roosevelt.
En los años 50 y 60, la amenaza comunista y la emergencia de la Revolución Cubana volvieron a poner en acción expresiones de la Doctrina Monroe por parte de los Estados Unidos, ahora ligadas a la estrategia por la “Contención del comunismo” (Doctrina Kennan o Truman), ese enemigo ideológico extracontinental, alineado con los intereses de la URSS y luego de China que obligaba a la ahora superpotencia occidental capitalista a la defensa del hemisferio occidental y del continente americano como parte del “mundo libre” a través de distintas estrategias como el apoyo a golpes de estado preventivos y represivos en distintos países de la región o el despliegue de programas de ayuda económica y social como la “Alianza para el progreso”. En los últimos años, las “guerras económicas” propias del siglo XXI han potenciado, una vez más, la Doctrina Monroe, pero ahora para preservar a América como mercado libre a las inversiones estadounidenses en una propuesta panamericana que se vislumbró en el proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio Americana) promovido desde 1994 y que buscaba alejar a los países americanos de la influencia económica de Europa, el Sudeste Asiático y China.
Actualmente Donald Trump, ha reverdecido la vieja expresión de la Doctrina Monroe intentando alinear “por la razón o por la fuerza” al continente americano a la influencia estadounidense y sosteniendo una política de proyección hemisférica. En esa línea toda acción disonante y, sobre todo, aliada a intereses considerados externos al continente, básicamente provenientes de China y Rusia, son visibilizadas como una amenaza manifiesta al orden que se quiere consolidar. Venezuela, un país refractario a ese orden desde la entronización del Chavismo, pero además asociado desde su dirigencia autoritaria a prácticas políticas y económicas entendidas como amenazas al sistema hegemónico (la conexión con potencias extracontinentales como China, Rusia e Irán; el apego a la administración comunista de Cuba y Nicaragua; la ligazón a organizaciones terroristas como Hamas o Hezbolá y la relación con prácticas económicas delictuales conectadas al narcotráfico y a carteles internacionales de droga como el Cartel de los Soles) ofrece todas las condiciones necesarias para marcar los nuevos tiempos de empoderamiento estadunidense en la agenda del siglo XXI en un escenario de disputas globales.
En síntesis, hoy Venezuela es a los Estados Unidos lo que Ucrania es para Rusia, un área de resolución de intereses propios para establecer un campo de influencias y de políticas correctivas. Y así, no puede entenderse lo acontecido el pasado 3 de enero si encerramos nuestra perspectiva analítica en una sola dimensión, algo muy propio de las “grietas” comprensivas que caracterizan a nuestro tiempo. Poniendo los diversos factores sobre la mesa puede recuperarse la complejidad de un proceso que, además, aún permanece abierto y en pleno desarrollo. La situación venezolana no se resume sólo en la eliminación de una dictadura ni en la recuperación de la democracia en el país caribeño, pero tampoco únicamente en la apropiación por parte de una potencia de los recursos petroleros, sino que además incluye factores estructurales de reposicionamiento hegemónico de las potencias del siglo XXI, en esta zona geográfica de los Estados Unidos, en un proceso que necesariamente debe leerse siempre en perspectiva histórica y no sesgarse o parcializarse desde miradas atrapadas en preceptos ideológicos autorreferenciales.
[1] Dr. en Historia. Profesor Titular y Adjunto en la UNPSJB y en la UNPA.