La perspectiva de género en las universidades de Argentina[1]
¿Puede la discriminación positiva, concebida para reparar desigualdades históricas contra las mujeres, generar nuevas formas de discriminación y desigualdad incluidas las mujeres y varones? En este artículo el Dr. Martín Aveiro analiza críticamente la evolución de la perspectiva de género en las universidades argentinas y pone en debate una tensión central: si las políticas destinadas a proteger derechos particulares pueden terminar afectando la igualdad ante la ley y el carácter universal de los derechos humanos. Una discusión que interpela a la universidad, la ciencia y el sistema jurídico.
Dr. Martín Aveiro
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 se viene bregando por la igualdad de hombres y de mujeres en todo el mundo. Cuestión que se reafirma con la Declaración de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967 y queda establecida, de modo permanente, con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 que fue ratificada por el Estado argentino mediante la Ley 23.179 de 1985.
Es más, la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos de Viena en 1993 se define que los derechos de la mujer son considerados derechos humanos inalienables e indivisibles que conllevan estrategias jurídicas a escala global. Por su parte, a nivel regional se aprobó la Convención de Belém do Pará en la cual irrumpe la categoría género en 1994 y después con la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995 se comienza a instalar en la agenda las orientaciones para las políticas gubernamentales con perspectiva de género. Es decir que, al finalizar el milenio e independientemente de su aplicación en los distintos países, las mujeres contaban con una serie de normativas a nivel internacional que resguardaban sus derechos humanos de forma inmutable, tanto en la esfera pública como privada, a las cuales se fue adaptando la legislación argentina.
Ahora bien, la denominada cuarta ola del movimiento feminista, cuyo comienzo podemos situar desde el año 2012 en adelante, tuvo repercusiones específicas en la órbita de los derechos humanos y, especialmente, en el mundo académico en general, con consecuencias concretas para la sociedad, la educación, la ciencia y la cultura que coinciden tanto con la Teoría Queer[2] como con la ideología woke que irrumpe junto al movimiento Black Live Matter de 2013 en los Estados Unidos[3]. El ingreso de estas corrientes teóricas y de acción en los documentos internacionales y nacionales dieron pie a una imposición de una lógica de inversión de la subordinación, no ya de las mujeres históricamente relegadas a un rol secundario en sociedades patriarcales sino a su subsunción en una perspectiva de género transformada en una totalidad supremacista en los marcos jurídicos e institucionales, especialmente en el universitario, que pretendieron imponer las demandas de las minorías por encima de las mayorías.
En particular, en Argentina, luego de la implementación de la Ley 26.743 de identidad de género en 2012 hasta 2023 según el RENAPER, se habían registrado 16.090 rectificaciones en el DNI, con 57% de identidades feminizadas y 37% masculinizadas, en tanto un 6% opto por la denominación X, no binaria, sobre un total de 46.234.830 habitantes censados en 2022. De modo que, significa el 0,035% de la población, razón por la cual hablamos de sectores poblacionales minoritarios frente a los mayoritarios identificados como hombres o mujeres que, inclusive, son un poco más que los varones de acuerdo a las estadísticas del INDEC.
Así, en tanto en nuestro país el empoderamiento de la mujer se hacía efectivo, ya que por primera vez mediante el voto popular una persona del sexo femenino accedió al cargo representativo más importante de la nación en 2007 y fue reelecta en el mismo en 2011[MP1] , la perspectiva de género se continuó ahondando con el paso de la tercera a la cuarta ola feminista en donde el significado género deja de corresponderse exclusivamente a la mujer para abarcar los procesos identitarios, situación que ocurrió entre 2010 y 2012.
Previamente, ya se comenzaba a aplicar el criterio de interseccionalidad para las formas de discriminación entrecruzadas y sus múltiples niveles. Por ende, a partir de la Declaración de Durban de 2001, la perspectiva de género se articuló con otras formas de discriminación que tuvo en el INADI su receptáculo de resonancia local. Por lo cual, la persona mujer se comienza a amalgamar con una serie de tópicos acerca de la localización geográfica, el nivel de educación, la situación en materia de empleo, el tamaño de la familia, la relación matrimonial, la participación política, la raza, el color de la piel, las capacidades intelectuales y físicas, la edad, los conocimientos lingüísticos, la identidad étnica y la orientación sexual. Así, el principio de universalidad es relativizado en relación a la particularidad, diversidad, diferenciación de las vicisitudes por las cuales atraviesa una persona por causa de su género específico. De manera que, la violencia o discriminación que la pueda afectar ya no es por el sólo hecho de ser mujer sino de ser una identidad genérica en una condición de vulnerabilidad. A esto se agrega que es una identidad fluctuante cuya identificación puede cambiar constantemente debido a la construcción permanente que hace de sí misma.
Se trataba de un renovado emplazamiento estratégico de la teoría queer y de la ideología woke para la emancipación del sujeto autodeterminado de inconclusión incesante, en la resistencia y en la disidencia frente a la continuidad y la normalidad. Lo cierto es que, ambas concepciones, abrieron una serie de cuestionamientos transversales al movimiento feminista que, efectivamente, mudó su objeto y sujeto para diluir las identidades y las demandas en un neologismo simbolizado lingüísticamente por la categoría “x” o la pronunciación fonética “e”.
En fin, a pesar de que sus dificultades fueron advertidas, por distintos autores con posturas teóricas disímiles[4], no fueron suficientemente debatidas en los ámbitos académicos, sus dispositivos se implementaron sin mayores objeciones en las universidades y, peor aún, en los ámbitos judiciales que tenían que hacer de contralor de aquellas debido a sus autonomías. En consecuencia, las percepciones o sensaciones se impusieron a la sana crítica, las apreciaciones subjetivas a las pruebas objetivas, las emociones a los debidos procesos, la viralización de las acusaciones a la presunción de inocencia, la fragmentación de las diferencias a la universalidad de la justicia. No obstante, a pesar de que en la actualidad se transita un antagonismo también radicalizado enfrentado al período anterior de su implementación, las secuelas sobre el sistema jurídico y las limitaciones a la libertad de cátedra, dado que tuvo características unilaterales, se mantienen con una vigencia insostenible en las universidades.
Por eso, se hace urgente una revisión inevitable del daño provocado por la implementación a rajatablas de la perspectiva de género en todo el sistema científico-tecnológico. Por ejemplo, en las Ciencias de la Salud acerca de las consecuencias de la hormonización de niños que ya han comenzado a detectarse en otros países[5] o en las Ciencias Jurídicas sobre las falsas denuncias por motivos de género, ya que afecta también a las reales causas de violencia contra las mujeres.
Esto último, con el objetivo de generar la reconstrucción de un debate con sólidos fundamentos acerca de verdades probadas sin las cuales no es posible el desarrollo de un pensamiento crítico acerca de normas igualitarias y universales para el funcionamiento de las universidades. Puesto que el uso arbitrario de aquellos mecanismos subjetivistas y posmodernos o posthumanistas, sin mediación analítica, conllevaron a la utilización de un relativismo interpretativista en el juzgamiento de profesores e investigadores de forma sesgada que tuvieron graves derivaciones en las instituciones académicas o judiciales.
[1] El presente artículo forma parte de las investigaciones desarrolladas por la Fundación Observador Central, en el marco del Programa de Investigación «Educar para el Futuro», Línea de Provención Territorial. https://www.observadorcentral.com.ar
[2] “La primera noticia que se tiene de las teorías queer la proporciona un artículo de Teresa de Lauretis publicado en la revista Difference en 1991 en el que aparecen, por primera vez, los términos queer theory de forma explícita. Pero se considera la obra inaugural de ésta el libro Gender Trouble de Judith Butler, que es publicado apenas un año antes que el artículo de Teresa de Lauretis” (Sierra González, 2007, p. 30).
[3] Binetti, M. J. (2005) Wokismo y corporación académica: un caso testigo de cancelación académica. En: Aveiro, M. Galafassi, G. (Coord.) (2025) Falsas denuncias, cultura de la cancelación y mobbing. Las relaciones sociales hoy, y los ámbitos académicos – científicos. En: Revista Theomai, nro. 42. Disponible en: https://criticadialectica.com/wp-content/uploads/2025/03/Theomai_42.pdf
[4] Sierra González, A. (2007) Una aproximación a la teoría queer: el debate sobre la libertad y la ciudadanía. En: Cuadernos del Ateneo, nro. 29, pp. 29-42.
[5] De acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de York y el King College de Londres en Inglaterra, entre 2011 y 2021, resalta que no existe evidencia acerca de los efectos a largo plazo del cambio de género a través de los tratamientos médicos y que es necesario evaluaciones integrales que incluyan la detección de afecciones concomitantes en niños y adolescentes que experimentan disforia de género cuando acuden a los servicios de salud: Jarvis, S. Fraser, L. Langton, T. Hewitt, C. Doran, T. (2025) Epistemology of gender dysphoria and gender incongruence in children and young people attending primary care practices in England: retrospective cohort study. En: Archives of Disease in Childhood, nro. 110, pp. 612-621.
[MP1]Como se conecta con lo anterior?